Colegiales agredieron a compañero en parque La Carolina, en Quito; Educación investiga el caso




Eran las 08:00 del pasado jueves 26 de septiembre del 2019. Y en el parque La Carolina, en el norte de Quito, siete adolescentes acorralaron a otro, aparentemente menor que ellos, por sus características físicas (era de menor estatura). La intención: golpear al más pequeño, hubo gritos y amenazas de parte del grupo de adolescentes más grande.

Al ver que estaban siendo grabados por una joven, los alumnos se quitaron el saco del uniforme que llevaban puesto, pues posiblemente se encontraban en horario de clases, fuera de su plantel educativo. Luego de la pelea, uno de los estudiante quedó con la nariz llena de sangre. Asustado, al ver que estaba siendo grabado, repetía: “yo no fui, yo no hice nada”.

Este tipo de peleas –apunta Sybel Martínez, directora de Rescate Escolar y vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito– suceden entre colegiales que pactan los encuentros después de clases e incluso ausentándose de ellas, con el fin de enfrentarse para resolver sus problemas de manera violenta.

Martínez señala que es responsabilidad del plantel controlar estos hechos, especialmente en horas de clase, ya que “se supone que los estudiantes no deberían estar fuera de la institución educativa”. Los padres deben conocer que sus hijos no asistieron.

La Subsecretaría de Educación de Quito dijo a EL COMERCIO que no se han registrado denuncias formales sobre peleas entre estudiantes en los parques de la ciudad. En el caso de faltas de los colegiales, que se pueden tipificar en leves, graves o muy graves, se aplica lo establecido en los artículos 330 y 331 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI).

La Subsecretaría solicitó al distrito educativo el informe respectivo y que se realice el seguimiento correspondiente para identificar a los estudiantes y a la institución. Una vez que se cuente con el detalle del caso, se tomarán las acciones de acuerdo a los protocolos y rutas de actuación en caso de violencia en el sistema educativo, así como las estrategias y acciones para fortalecer una cultura de paz entre los alumnos, con el fin de prevenir situaciones de bullying o acoso escolar.

Según el Reglamento de la LOEI, las faltas leves y las faltas graves deben ser conocidas y resueltas dentro de la institución educativa mediante el mecanismo previsto en su Código de Convivencia, otorgándoles al estudiante y a su representante legal el derecho a la defensa.

El proceso disciplinario de las faltas muy graves debe ser sustanciado al interior del establecimiento y las acciones educativas disciplinarias quedan en manos de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, la cual debe emitir la decisión en un plazo no mayor a 15 días desde la recepción del expediente.

El incumplimiento de este plazo constituye causal de sumario administrativo para los miembros de ese cuerpo colegiado. Las acciones educativas en este caso se aplicarán según el tipo de falta cometida, cuya gravedad se determinará luego del informe que deberá entregar el distrito educativo.

La Directora de Rescate Escolar señala que “lamentablemente es común que los colegios se deslinden de sus responsabilidades en estos casos, especialmente cuando los hechos suceden fuera del horario de clases. Pero asegura que si los chicos se encuentran con uniforme hay una sanción”.

Martínez recuerda un caso, de entre varios que recibe la organización que dirige, en el que colegiales intentaron dañar un vehículo como represalia. En esa situación, señala, el plantel quiso deslindarse porque sucedió un sábado, pero los jóvenes estaban con uniforme, ya que ese día asistían a clases.

Para faltas leves se aplica la amonestación verbal, que irá acompañada de una advertencia de las consecuencias que tendría el volver a cometer las respectivas faltas. La misma será registrada en el expediente académico del estudiante y en su informe de aprendizaje y serán informados del particular sus representantes legales.

Además, como acciones educativas no disciplinarias, el estudiante deberá suscribir, junto con sus representantes legales, una carta de compromiso en la que afirmen comprender las normas y se comprometan a que el estudiante no volverá a cometer actos que las violenten.

Finalmente, deberá cumplir actividades de trabajo formativo en la institución educativa relacionado con la falta cometida y conducente a reparar el daño ocasionado, si el acto cometido causó perjuicio a otras personas o daño a bienes materiales.

Para faltas graves, además de las acciones establecidas para faltas leves, la máxima autoridad del establecimiento educativo debe aplicar, según la gravedad de la falta, la suspensión temporal de asistencia a la institución educativa, por un máximo de 15 días, durante los cuales el estudiante deberá cumplir con actividades educativas dirigidas por el plantel y con seguimiento por parte de los representantes legales.

En el caso de faltas muy graves, además de las acciones establecidas en los dos casos anteriormente mencionados, la máxima autoridad del establecimiento debe sustanciar el proceso disciplinario y remitir el expediente a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos para la aplicación, según la gravedad de la acción, de acciones.

Una de ellas es la suspensión temporal de asistencia a la institución educativa por un máximo de 30 días, con acciones educativas dirigidas. Esta medida conlleva la participación directa de los representantes legales en el seguimiento del desempeño del estudiante suspendido. También se podría dictaminar la separación definitiva de la institución educativa, lo que implica que el estudiante pudiera ser reubicado en otro establecimiento. Eso no implica perder el año lectivo.

Pero Martínez enfatiza en que mas allá de la sanción es importante garantizar que la violencia no sea una herramienta válida para resolver conflictos entre estudiantes. “Los colegios tienen que ser lugares sanos, seguros, libres de violencia y con igualdad de responsabilidades”.

En el video se puede ver que uno de los siete chicos que acorralaron al más pequeño es quien lo golpea. El estudiante intenta defenderse y los demás presencian la agresión y saben que están siendo grabados. Una foto también registró el momento en que lo acorralan.

La Vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes invita a la comunidad educativa a garantizar que las víctimas sean protegidas, que los agresores tengan posibilidad de cambio y que los adultos se conviertan en un modelo a seguir para los menores.

“Los chicos no están encontrando otras formas que no sea la violencia para resolver sus problemas. Lo arreglan con golpes, chismes, agresiones a través de las redes y no se les están dando herramientas en colegio y en casa”. 

Es importante, añade, que los colegios implementen la mediación escolar para resolver conflictos y busquen ayuda si tienen un problema, a través, por ejemplo de un profesor que pueda lograr un acuerdo válido. “Debe hacerse un seguimiento para que el acuerdo se cumpla y así neutralizar la escalada violenta del conflicto”.

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